Colombia - Evaluación del Programa de Familias Guardabosques y Grupo Móvil de Erradicación

Colombia Evaluación del Programa de Familias Guardabosques y Grupo Móvil de Erradicación

Against Ilicit Crop Program

Otras encuestas a hogares ANTECEDENTES DE LA OPERACION ESTADISTICA

Ley 67 de 1993: se adoptan medidas apropiadas para prevenir los Cultivos Ilícitos, y la erradicación de plantas que contengan sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Ley 30 de 1986: mediante la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y crea el Consejo Nacional de Estupefacientes y los Consejos Seccionales de Estupefacientes.

Ley 599 de 200 (Código penal): mediante el cual se establecen medidas penales relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones

Decreto 2647 de 2005: mediante el cual se crea Acción Social, y se transforma el Programa de Desarrollo Alternativo en el Programa contra cultivos ilícitos –PCI.

Directiva presidencial 01 de 2009: coordinación del Gobierno nacional para llevar a cabo el Plan nacional de consolidación.

Conpes 3669 de 2010: política nacional de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo para la consolidación territorial

Acción Social desarrolla a partir de 2003 el Programa Familias Guardabosques -PFGB, incluido dentro de la estrategia de erradicación manual voluntaria, sustitución y prevención de cultivos ilícitos con el cual propende por el cambio en la generación de ingresos ilícitos por lícitos, la generación de modelos asociativos y de organización comunitaria y la consolidación de procesos de desarrollo regional en las zonas de intervención. El PFGB involucra comunidades campesinas, indígenas y afro-colombianas localizadas en ecosistemas ambientalmente estratégicos, incluyendo zonas amortiguadoras, que estén afectadas o en riesgo por los cultivos ilícitos. Las comunidades que se comprometen a la erradicación previa, no siembra, ni resiembra de cultivos ilícitos reciben un incentivo económico condicionado con el fin de implementar alternativas productivas legales y/o proyectos ambientales que contribuyan con el manejo sostenible del bosque.

Adicional al PFGB, el Programa contra Cultivos Ilícitos - PCI implementa, desde 2005, la estrategia de erradicación manual y mecánica forzosa de cultivos ilícitos, a través del Programa Grupo Móvil de Erradicación (GME). El objetivo de la estrategia es reducir la superficie sembrada con cultivos ilícitos en Colombia a través de la erradicación manual forzosa. El Grupo Móvil de Erradicación -GME hace parte de la estrategia de erradicación manual forzosa que busca complementar los esfuerzos de lucha contra las drogas del Gobierno Nacional, especialmente los relacionados con la aspersión área. El GME busca controlar el traslado de cultivos ilícitos a áreas de economía campesina, zonas de parques o reservas naturales, en zonas donde el desarrollo alternativo no es viable, debido a las condiciones de acceso, el orden público o la voluntad de la comunidad. Con el fin de garantizar la integridad de los miembros de los GME, sus misiones están acompañadas por efectivos de la Fuerza Pública.

La evaluación del Programa de Familias Guardabosques y Grupo Móvil de Erradicación contiene cuatro componentes: un componente institucional relacionado con los procesos de interacción de Acción Social con otras entidades para el desarrollo de los programas; un componente de resultados para las fases I a V del Programa Familias Guardabosques y Grupo móvil de erradicación, en materia de erradicación de cultivos ilícitos y sobre aspectos económicos, sociales, ambientales e institucionales; levantamiento de la línea base sobre para la medición de impactos del Programa Familias Guardabosques en su fase VII y una propuesta de arquitectura institucional de la política de erradicación de cultivos ilícitos.

REFERENTES INTERNACIONALES

La política de erradicación manual de cultivos ilícitos hace parte de la política de lucha contra las drogas y responde tanto a una problemática interna compleja y al esfuerzo del Estado por lograr un territorio libre de cultivos ilícitos, como a un marco jurídico de orden internacional que ha venido siendo adoptado.

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (Naciones Unidas), declara ilícito el cultivo de las plantas que tienen como destino la extracción de sustancias con las que se producen estupefacientes e igualmente las partes firmantes se comprometen a tomar las medidas apropiadas para secuestrar cualquier planta ilícitamente cultivada y destruirla, excepto pequeñas cantidades requeridas por la Parte para propósitos científicos o de investigación. Y explícitamente indica que se debe arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruir los que se cultiven ilícitamente. El objetivo de la convención es condensar y sustituir de los tratados existentes sobre estupefacientes, limitar el uso de estupefacientes a los fines médicos y científicos, establecer la necesidad de una cooperación y una fiscalización internacionales constantes sobre el tema. Colombia incorporó esta convención a su orden interno a través de la Ley 13 de 1974.

En 1971 se realiza una nueva convención sobre sustancias psicotrópicas donde se toman medidas contra el uso indebido de éstas y se amplía la lista de las mismas. Este convenio reconoce que el cultivo para fines ceremoniales por parte grupos étnicos es legítimo y estipula que todo Estado en cuyo territorio crezcan en forma silvestre plantas que contengan sustancias sicotrópicas de la Lista I y que se hayan venido usando tradicionalmente por ciertos grupos reducidos, claramente determinados, en ceremonias mágico-religiosas, podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, formular la reserva correspondiente, en relación a lo dispuesto por el artículo 7 del presente Convenio, salvo en lo que respecta a las disposiciones relativas al comercio. Colombia lo incorpora a su ordenamiento jurídico a través de la Ley 43 de 1980.

En los años 70 se desarrollan los primeros programas de sustitución de cultivos en Tailandia reconociendo que al tratarse de una situación originada en condiciones de pobreza de la población campesina, la solución debía incluir la viabilización de posibilidades de producción dentro de la economía legal. El término de sustitución de cultivos fue evolucionando hacia un concepto más integral de desarrollo rural alternativo que en Latinoamérica se implementó con muy buenos resultados en Perú y Bolivia durante los ochentas.

En 1988 se toman medidas para prevenir y erradicar los cultivos ilícitos a través de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que se incorpora en Colombia con la Ley 67 de 1993. En esta convención se incorporan temas como la promoción de la cooperación, la necesidad de intercambio de bases de información, la extradición, la asistencia judicial y explícitamente del uso de medidas de desarrollo rural integrado para buscar alternativas de sustitución de cultivos que sean económicamente viables. Dice específicamente que factores como el acceso a los mercados, la disponibilidad de recursos y las condiciones socioeconómicas imperantes deberán ser tomadas en cuenta, antes de que estos programas hayan sido puestos en marcha.

Otro documento importante es la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio y el Plan Mundial de Acción, aprobado durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de junio de 1998. La Declaración Política sobre las drogas, que se desarrolla en una sesión especial de las Naciones Unidas sobre las drogas, hace un reconocimiento oficial de la definición de desarrollo alternativo: “El Desarrollo Alternativo es un proceso para prevenir y eliminar los cultivos ilícitos de plantas que contienen drogas narcóticas y substancias sicotrópicas a través de medidas de desarrollo rural designadas específicamente en el contexto del crecimiento económico nacional sostenido y de esfuerzos de desarrollo sostenible en los países que emprendan iniciativas contra las drogas, teniendo en cuenta las características socio-culturales propias de los grupos y comunidades en cuestión, dentro del marco de una solución global y permanente al problema de las drogas ilícitas”

Las instancias internacionales que se refieren al problema mundial de drogas son: Las Naciones Unidas, especialmente la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), I Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA) y el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas de UNASUR. Se resalta la importancia de las Naciones Unidas, en particular de la UNODC, para Colombia.

El liderazgo en la definición de lineamientos para la lucha contra las drogas ilícitas, a nivel mundial, lo tiene la Organización de las Naciones Unidas y a su interior la Comisión de Estupefacientes es la principal instancia de discusión y decisión, aunque los temas relacionados con drogas también se debaten con alguna periodicidad en el consejo Económico y Social y en la Asamblea General. En el año 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) para promover las acciones concertadas en contra de la producción, tráfico y consumo ilícito de drogas. En 1997 el PNUFID en coordinación con el Centro Internacional para la Prevención del Crimen creo UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen cuyo mandato es asistir y asesorar a los países miembros en su lucha contra las drogas ilícitas, el crimen y el terrorismo. Tiene oficinas nacionales y regionales en 21 localidades de todo el mundo, que abarcan más de 150 países. El organismo no sólo ejecuta proyectos y actúa como consejero de muchos países sobre asuntos de política de drogas, sino que también funciona como secretaría de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un órgano de fiscalización independiente y cuasi judicial, establecido por un tratado, encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas.

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) fue establecida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1986. Tiene como principal misión fortalecer las capacidades humanas e institucionales de los Estados miembros para reducir la producción, tráfico y uso de drogas ilícitas, y encarar las consecuencias sanitarias, sociales y penales de la problemática de las drogas.

El Consejo Suramericano para el Problema Mundial de las Drogas es también llamado Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico (CSLCN). Es un organismo bastante reciente, se creó en la reunión del Consejo de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la UNASUR, de agosto de 2009. El Consejo buscará constituirse como una coordinación para la cooperación en la prevención y lucha contra el problema de las drogas.

El Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA) se creó en junio de 2003 y está conformado por las autoridades nacionales de los Países Miembros responsables de la lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas.

Finalmente otros actores importantes son las agencias de lucha contra las drogas ilícitas en los países consumidores y en los otros países productores, así como las agencias de cooperación internacional que aportan recursos para el desarrollo de programas de desarrollo alternativo.

Número de ID DNP-DSEPP-PCI-2012

CONTENIDO TEMATICO

-Variables como el tamaño del grupo erradicador, cantidades de suministros, medios de transporte, tamaño del contingente de acompañamiento, rutas, entre otras, se definen con base en las experiencias previas y de acuerdo a las necesidades del momento. De esta manera se presenta un margen de incertidumbre sobre los costos y tiempos definitivos que tendrá que afrontar el operativo.

Tema	Vocabulario	URI
Empleo [3.1]	CESSDA
Conflicto, seguridad y paz [4.1]	CESSDA
Salud pública [8.4]	CESSDA
MEDIO AMBIENTE [9]	CESSDA
Degradación medioambiental, contaminación y protección medioambiental [9.1]	CESSDA

Baldosa, Tapia pisada, Adobe, Bahareque, Madera burda, Kerosene, Agua lluvia, Aljibe, Aguatero, Inodoro, Bajamar, Letrina, Hogar, Pensionista, Residente habitual, Jefe de hogar, Régimen especial, Cotizante, Beneficiario, Régimen subsidiado, Oficios del hogar, Agroindustrial, Turismo, Ilícito, Artesanal, Ondustrial, Comercio la muestra estaba constituida inicialmente por 77 municipios con 565 veredas distribuidas en: 336 veredas intervenidas por el PFGB, 109 veredas correspondientes al grupo control vecino y 120 veredas correspondientes al grupo control distante.

Familias Guardabosques

El universo de estudio para la encuesta de Plan Cultivos Ilícitos son los municipios principalmente a las veredas donde se ha implementado más de una fase, esto por la misma hipótesis manejada con los municipios.

Nombre	Abreviación	Dependencia	Rol
Simón Borrero Escobar		DNP

2015-05-25COL-DNP-PCI-2012